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Presenta IBERO investigación sobre intervención militar en la seguridad ciudadana

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de su Programa de Seguridad Ciudadana, presentó la investigación ‘Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza  intervención militar: la evidencia en México 2006-2018’, informe que se dio a conocer durante la realización de la ¨Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil¨.

El objetivo del reporte es contribuir al debate público acerca de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mediante la identificación de la evidencia y los datos más pertinentes referentes a la forma en que actúan y el alcance de sus tareas. Para orientar la búsqueda e interpretación de la información, así como identificar aquella no indagada o discutida en público, se diseñó una matriz de análisis que cubre los diferentes ámbitos necesarios para un entendimiento amplio del fenómeno.

Contexto

La problemática de la inseguridad asociada a grupos delictivos, que dio origen a la urgente llamada a la guerra contra las drogas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y con ello a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, hoy podría volverse permanente. En 2018, se registraron más de 34 mil homicidios dolosos en México, más del doble que en 2006, seguido de cuatro años consecutivos en que aumentó esta cifra.
La magnitud del daño que la violencia ha causado en el país todavía se desconoce con precisión. De 2006 a mediados de 2017, el gobierno registró el hallazgo de mil 608 fosas clandestinas en todas las entidades del país. También ha habido consecuencias en las instituciones civiles; cada gobierno ha presentado nuevas propuestas que hasta el momento no han podido resolver la violencia; sin embargo, todas han puesto a la institución militar en el centro de la estrategia.

Contenido

El documento, que consta de 135 páginas, aborda diversos temas, algunos de ellos son los siguientes: Evidencia contextual, Influencia externa relacionada con la guerra contra las drogas, Apoyo externo directo, Factores internos a las Fuerzas Armadas, Justicia e impunidad.

Hallazgos

El primer aprendizaje del ejercicio es que el fenómeno de la militarización se ha gestado en México.

Por su lado, las Fuerzas Armadas han incrementado su estado de fuerza significativamente, fortaleciendo su legitimidad con base en el papel histórico de defensa de la nación y de los intereses o amenazas exteriores. Asimismo, se han beneficiado de un programa importante de modernización y mejoramiento de condiciones laborales.

En lo referente a las fuerzas civiles, gran parte de las iniciativas para reformar su desempeño se han centrado en la depuración de elementos que no aprobaron los controles de confianza básicos, además de incrementar su capacidad de recursos para el uso de la fuerza letal.

Necesidades y requerimientos

El Informe concluye con una lista de necesidades y requerimientos de transparencia identificadas, algunas de ellas son:
En Justicia e impunidad, no se reportan datos confiables sobre casos contra militares; riesgo de impunidad relacionada a la presencia militar en detenciones, primeras investigaciones, enfrentamientos y la escena del crimen.

En Despliegue, falta información con adecuada precisión geográfica en el caso Semar y Sedena; no se reporta información para fuerzas civiles. En Modelo estratégico, no hay evidencia de un modelo integral que permite entender el modelo de seguridad adoptada. No es claro el nivel de autonomía militar y cómo difiere en diferentes contextos de despliegue.

En Personal, falta información confiable sobre la cantidad policías estatales/municipales, se ha negado reportar información sobre el crecimiento de la Policía Militar entre 2012 a 2018.

Informe

El Lic. Ernesto López Portillo Vargas, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, coordinó el informe ‘Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar: la evidencia en México 2006-2018’. El documento tuvo como investigador y autor a Samuel Storr, consultor del Programa de Seguridad Ciudadana. La revisión del contenido del Informe estuvo a cargo de Arisbeth Hernández Tapia y de Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez.



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